Con el objetivo de establecer un espacio de reflexión para científicos, investigadores, docentes y alumnos de diferente formación, cuyo interés sea converger en los temas relacionados con los contextos de violencia, los desafíos de la justicia transicional y los objetivos de la educación a partir de la cultura de paz a nivel nacional e internacional, fue celebrado de manera virtual el “Segundo Seminario sobre Violencia, Justicia Transicional y Cultura de Paz”.

La doctora Zoraida García Castillo, Coordinadora de la Licenciatura en Ciencia Forense (LCF) de la Facultad de Medicina de la UNAM, destacó que la importancia del evento radica en comprender qué hay más allá de la violencia, tener una visión distinta y brindar posibles soluciones. “Con este seminario tenemos una perspectiva transversal desde el género hasta las ciencias forenses”, apuntó.

Por su parte, la doctora Lucía Núñez Rebolledo, Académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la máxima casa de estudios y la LCF, participó en la primera sesión con el tema “Comprender el conflicto para prevenir la violencia”, en donde expuso que la desigualdad es el punto de partida para entender la violencia de género y los feminicidios. Este concepto va desde el ámbito simbólico hasta el material. “La conflictología”, por otro lado, es el conjunto de métodos y técnicas para abordar los conflictos de forma no violenta. Además, busca abordar los problemas alejándose de la simplificación de las cosas.

Bajo estos conceptos se debe entender a la violencia de género como un problema que no afecta únicamente a las mujeres, sino a los seres no binarios, los cuerpos no hegemónicos, intersex y las personas trans; por otro lado, el feminicidio es un problema social, donde cuantitativamente los hombres son los que más matan a las mujeres teniendo detrás toda una estructura social e institucional.

“Si empezamos a entender todo este contexto de violencia feminicida que deviene del conflicto de género y de una distribución desigual de poder en varios aspectos, además legitimado por la sociedad y las instituciones, vamos a pensar que la violencia no es solamente el acto de matar a una mujer, sino una serie de actos que pueden terminar en feminicidios y que tienen que ver con discriminación, el no acceso a ciertos puestos, el pensamiento androcentrista, o con los valores adjudicados a lo masculino y femenino”, indicó la especialista.

Por otro lado, el maestro Oscar Borja Santana, Asesor y Facilitador en Human Partner, Colombia, explicó que la “justicia restaurativa” es un enfoque que ofrece a las personas que generan una ofensa, a las que reciben la ofensa y a la comunidad, un camino seguro y alternativo en la búsqueda de la resolución de su situación. Este concepto se basa en el reconocimiento de que el comportamiento (la ofensa) no sólo viola la ley, sino que también perjudica, daña y lastima a las personas y a la sociedad.

Al hablar de los “círculos de paz”, apuntó que “tienen la filosofía y reconocen que todas las personas necesitamos ayuda y que al apoyar a otras lo hacemos con nosotros mismos. Este espacio es muy importante porque es seguro para contar nuestras historias, para construir y compartir nuevas. La importancia en este ámbito preventivo es esta cuestión del involucramiento de la comunidad cuando existe polarización, se plantean denuncias, no se escucha a las víctimas, y no nos ocupamos por responsabilizar a la persona ofensora y que se le castigue con algo más allá de una sanción, es decir, con el reconocimiento del daño hecho”, indicó.

También, resaltó que tanto los círculos como la justicia restaurativa responden a las necesidades emocionales de las personas (víctimas), ya que en los procesos legales se deshumaniza a los afectados y sólo se siguen los protocolos como si se estuviera trabajando con robots.

En tanto, la doctora Ginna Marcela Rivera Rodríguez, Académica de la Universidad de los Andes, habló del tema “Justicia transicional desde la intersección: apuntes para el diálogo con la experiencia de Colombia”, en donde explicó que la “justicia transicional”, como paradigma ortodoxo y representación de los itinerarios de una sociedad, pretende moverse de un pasado-presente violento a otro estadio social futuro de no violencia.

“¿Cuál es el tema? que en países como el nuestro (Colombia y México) donde el Estado no llega a todos los territorios, la gente resuelve la violencia con formas particulares de organización social, de diálogo político y también de gestión de la seguridad autónoma que escapan del monopolio estatal”.

En el contexto actual, en Colombia, existe un descentramiento institucional y jurídico desde enfoques multidisciplinarios para analizar su situación. A esto hay que sumarle el miedo de las víctimas de la violencia, defensores de los derechos humanos y líderes sociales a hablar de su situación, pues aquellos que lo hacen son señalados, estigmatizados, perseguidos y hasta asesinados. Todavía existe un temor a la conversión transicional, y esto, sumado al difícil contexto del país, sigue retrasando la construcción de paz real.

Al hablar sobre “Violencia feminicida y feminicidio en América Latina y el Caribe”, la doctora Emanuela Borzacchiello, miembro del Comité Multidisciplinario e Interinstitucional de Seguimiento de la Alerta de Género para la Ciudad de México, dijo que es necesario un cambio de paradigma para analizar la violencia, profundizando en las condiciones actuales que posibilitan esta situación, entendiendo el concepto desde múltiples lados y aprendiendo del pasado.

“Nacida en México, en el sur del mundo, la palabra ‘feminicidio’ ha asumido un fuerte significado político y global gracias al trabajo de mujeres latinoamericanas y caribeñas convencidas de que cualquier concesión a las zonas de impunidad, por mínima que sea, puede provocar un devastador efecto dominó que pone en riesgo los derechos de todas y todos. La categoría cuenta la historia de años de trabajo constante por parte de feministas, académicas, activistas, periodistas y operadoras de organizaciones no gubernamentales. Su construcción es una narración ejemplar, íntima y colectiva, porque se nutre de prácticas de mujeres que afirman su libertad y su autonomía”, indicó la especialista.

Para cerrar, habló del “suicidio feminicida”, el cual pretende conocer la relación entre violencia sexual sufrida y el suicidio. Este concepto penal fue introducido en El Salvador en 2015 y se castiga con cinco a siete años de prisión a quien incite a una mujer al suicidio o le preste ayuda para cometerlo. Recientemente en Colombia se dictó una sentencia luego de que una adolescente fue abusada por personal de su escuela y ella, ante la culpa y el señalamiento, decidiera quitarse la vida.

Eric Ramírez