“La migración no es una crisis, es un problema que no quiere atender el Estado tanto mexicano como de otros países”, destacó la abogada Kätherin Krüger Castro, miembro de la Oficina Legal de la Casa del Migrante en Tijuana, quien mencionó algunos de los problemas de salud y justicia que enfrentan las personas en contexto de movilidad entre México y Estados Unidos

La mayoría de estos migrantes son gente joven con hijos, de los cuales el 60 por ciento son hombres y el 40 por ciento mujeres. En 2020 el mayor grupo etario fue de los 31 a los 35 años y en 2021 de los 26 a los 30 años. La población de niños de los 0 a los 15 años representó el 22 por ciento del total en 2020 y 28 por ciento en 2021, informó la abogada Krüger en el marco del Seminario sobre Migración, Frontera y Salud, organizado por el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Uno de los grupos más vulnerables es el de las mujeres embarazadas. En muchos casos ellas se encuentran en situaciones de violencia, son desplazadas por la fuerza y obligadas a enfrentar un contexto de movilidad en el que se pueden tener embarazos de alto riesgo por la falta de condiciones salubres, abundó la ponente.

Asimismo, explicó que la migración se modifica con el tiempo y con cambios en la sociedad como la actual pandemia. Anteriormente, el albergue Casa del Migrante recibía sólo hombres deportados, pero ahora recibe víctimas de desplazamiento forzado tanto interno como externo, con familias y con efectivos protocolos de seguridad sanitaria. Destacó que recibir a las personas es un reto, pero no lo es todo, pues muchas veces estas personas tienen otras condiciones.

En 2020, por ejemplo, el 17 por ciento de los albergados presentó problemas respiratorios, el 8 por ciento problemas digestivos, el 5 por ciento consumo de mariguana o anfetaminas y el 33 por ciento presentó sarro dental, lo cual refleja la mala alimentación que estas personas tienen.

Estas dificultades son la superficie visible de mayores problemas subyacentes como la violencia y la falta de políticas públicas que aborden el escaso acceso a educación tanto escolar como sexual y de salubridad. Otro problema es la reducida disponibilidad de servicios de salud y productos como medicamentos, toallas sanitarias y condones, pero de acuerdo con la experta, “el mayor problema de salud pública que tenemos es la ignorancia”, ya que de ella se ramifican actitudes como el racismo, la discriminación y el mal actuar hacia personas en circunstancias desfavorables.

Finalmente, abordó el tema del Título 42, un mandato de salud pública en Estados Unidos que “a grandes rasgos dice que los viajes no esenciales al ingresar al territorio americano no son permitidos a menos que sean necesarios”. Esto ha incrementado las barreras y condiciones legales para que ciertos migrantes ingresen al país vecino.

Resolver los problemas migratorios de fondo implica trabajar para una mayor educación social y global que conduzca a implementar políticas públicas eficientes y de cooperación entre países para generar condiciones dignas de vida, ya que “una persona en contexto de movilidad no es migrante por decisión, sino por última opción”, consideró la abogada Krüger.

Diego C. Alverdi