En un ejercicio de diálogo institucional y orientación para la comunidad universitaria, el pasado 10 de diciembre, la Facultad de Medicina realizó un foro virtual transmitido por YouTube y Facebook Live, por el Día Internacional de los Derechos Humanos como cierre de la jornada “16 días de activismo en el marco del 25N”, con el objetivo de visibilizar el contexto de la violencia contra las mujeres y las niñas en el marco de los derechos humanos ejemplificando con el tema de salud mental y violencia en la formación médica de pregrado en sedes clínicas y hospitalarias, así como acercar los servicios de la Defensoría de los Derechos Universitarios, para aclarar procesos internos, reforzar la cultura de prevención, acompañamiento ante situaciones de violencia, discriminación y conflictos universitarios. 

Este foro fue organizado por el Programa de Igualdad de Género de la Facultad, cuya responsable es la doctora Yuriria Alejandra Rodríguez Martínez, con la colaboración de la maestra Samantha Flores Rodríguez, responsable de la Oficina de Atención a la Comunidad de la Unidad de Igualdad, como parte de las acciones de la Política Interna de Igualdad de la Facultad de Medicina.

Salud mental y violencia en contextos clínicos desde un enfoque epidemiológico

La doctora Karina Robles Rivera, Jefa del Departamento de Investigación en la Secretaría de Enseñanza Clínica, Internado Médico y Servicio Social de la Facultad, presentó un análisis de la formación médica y sus implicaciones en la salud mental del estudiantado. Explicó que la carrera de medicina implica seis años y medio de formación en México, con una transición radical entre los primeros dos años teóricos y la incorporación a ambientes hospitalarios a partir del tercer año. Esta etapa, señaló, transforma profundamente la experiencia formativa, tanto en lo académico como en lo emocional y social.

Consideró que “se normaliza el maltrato como una pedagogía”, recordando frases como “el conocimiento con sangre entra”, que perpetúan dinámicas violentas. De ese modo, advirtió que “dejamos de ver el daño que estas conductas pueden ocasionar y empezamos a culpar a aquellos que no están tolerando la violencia”, lo que  inhibe la denuncia y contribuye al deterioro de la salud mental.

De igual modo, la ponente presentó datos que muestran prevalencias elevadas de depresión, ansiedad y estrés, así como episodios de acoso. Indicó que “las mujeres no sólo enfrentan las mismas exigencias académicas que los hombres, sino que viven violencias específicas de género”, incluyendo estereotipos profesionales, acoso, hostigamiento y desvalorización de la autoridad femenina.

“La violencia en la formación médica no es un problema de algunos servicios ni de algunas generaciones. Necesitamos garantizar una formación médica libre de violencia para proteger los derechos humanos del estudiantado”, concluyó.

Violencias en la formación médica

“La violencia siempre está vinculada al poder y establece una relación desigual entre quienes la ejercen y quienes la padecen”, apuntó la doctora María Alejandra Sánchez Guzmán, académica de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad.

Además, explicó que las violencias en la educación médica deben entenderse desde múltiples niveles: micro, meso y macro, que no se limitan a la interacción interpersonal, sino a estructuras jerárquicas y culturales arraigadas. Por ello, resaltó que implica una afectación física, psicológica o sexual, y subrayó que “un elemento importante es que hay una transgresión de un derecho”. De igual forma, añadió que “la violencia de género se refiere al ejercicio contra la mujer por el solo hecho de ser mujer”.

De este modo, retomó investigaciones clásicas y recientes para explicar el fenómeno, donde identificó que los hospitales-escuela operan muchas veces como “instituciones totales”, donde existe control sobre horarios, alimentación, descanso y rutinas, lo que favorece la reproducción de abusos.

En tal sentido, ilustró con testimonios y prácticas documentadas, como castigos simbólicos. “Tenían el castigo del puerco. Pasaban un cochinito y quien se equivocaba tenía que poner dinero”. En estudios recientes incluido uno con más de 12 mil residentes en México remarcó que “44.4% señaló haber sufrido violencia psicológica” y que “la violencia sexual muestra diferencias significativas: 76.1% de mujeres contra 21.9% de hombres”. Al igual,  evidenció la baja denuncia: “Sólo del 5 al 13% se queja. La mayoría no lo hace porque piensa que les traerá problemas o que no se resolverá”.

Por último, advirtió que los espacios de denuncia no son suficientes si no cambian las culturas institucionales. “Por más que tengamos espacios de denuncia, si no se han cambiado los valores, no vamos a cambiar las prácticas de abuso”.

Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género

En su oportunidad, la doctora Guadalupe Barrena Nájera, Titular de dicha Defensoría, señaló que “conocer qué dice la legislación universitaria respecto de los derechos del alumnado, del personal académico y del personal administrativo en relación con la violencia por razones de género, es la mejor actividad de prevención que podemos tener”. 

Asimismo, enfatizó que el ejercicio de los derechos requiere un conocimiento básico de la organización universitaria: “Los derechos hay que ejercerlos cada quien, cada una en nuestro espacio” y recalcó que “lo más importante entonces es conocer cómo está organizada la Universidad y cuál es el rol de cada una”. 

También, explicó que la Defensoría funciona como una instancia que “ayuda a que las autoridades universitarias puedan actuar de acuerdo con lo que dice la legislación universitaria, siempre en favor de los derechos de las personas”. Igualmente, indicó que existen mecanismos universitarios que “nos alcanzan a donde quiera que estemos haciendo prácticas profesionales, Servicio Social o residencia médica”, recordando que una parte sustancial de las actividades académicas de medicina ocurre fuera de las instalaciones universitarias. “Hay herramientas para pedir ayuda”, reiteró como mensaje central. 

De ese modo, reconoció que un tercio de los casos que llegan a la Defensoría solicitan la intervención de la autoridad para posibles acciones disciplinarias. Dependiendo de la gravedad, la autoridad puede determinar medidas que van desde amonestaciones hasta una suspensión de hasta 8 días para personal académico o administrativo, o hasta un año de suspensión o expulsión provisional para alumnado, remitiendo en estos casos al Tribunal Universitario. 

Posteriormente, aclaró que “lo más importante que las personas solicitan primero es recibir los servicios de atención psicológica y, segundo, que la situación de violencia se detenga”. En ese sentido, puntualizó que la legislación universitaria contempla situaciones donde se presentan “manifestaciones de violencia que humillan, devalúan o pueden significar una agresión del personal académico frente al alumnado” o entre colegas. Para concluir invitó a la audiencia a que tenga la confianza de acercarse. 

Finalmente, la maestra Samantha Flores destacó que estos son “temas que requieren de mucho intercambio y diálogo”, y celebró los lazos de colaboración construidos entre la Facultad y la Defensoría, especialmente en beneficio del estudiantado.

María Morales