La reciente aprobación de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación ha generado preocupación en la comunidad científica y tecnológica del país, ya que ha introducido cambios significativos en el sistema nacional que han generado inquietudes entre los investigadores. En particular, se han establecido mecanismos de financiamiento que plantean desafíos y limitaciones para impulsar la actividad científica; además, la promoción de una mayor participación de los militares en la toma de decisiones relacionadas con la investigación y el desarrollo ha generado incertidumbre sobre la autonomía científica.

Para analizar estas inquietudes, la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM organizó una mesa de diálogo, donde expertos reflexionaron sobre los aspectos más preocupantes de la nueva ley y su posible impacto negativo en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México. Durante la discusión, también se exploró el papel del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (CONAHCYT) en la implementación de la nueva ley y se plantearon interrogantes sobre su capacidad para promover efectivamente la investigación y el desarrollo tecnológico en el país.

La doctora Paz María Salazar Schettino, Jefa de la División de Investigación, dio la bienvenida a los asistentes y a los ponentes al evento moderado por la doctora Rosa María Wong Chew, Jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica, donde la doctora Rosalinda de León Zamora, académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, compartió su perspectiva sobre la nueva ley, la cual, desde su punto de vista, representa un modelo que busca ser adoptado por todos los estados de la República Mexicana, lo que implica una uniformidad en las disposiciones legales relacionadas con la ciencia y tecnología a nivel nacional.

Sin embargo, resaltó un transitorio de gran relevancia que merece atención, pues implica la derogación de la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del CONACYT, ya que esta medida plantea cambios significativos en el marco normativo que rige la investigación y el desarrollo científico y tecnológico en México. Por ello, destacó la importancia de analizar detenidamente las implicaciones de esta nueva ley, así como sus repercusiones en la estructura y funcionamiento del CONAHCYT, para garantizar un avance sostenible en el ámbito científico y tecnológico en México.

Asimismo, indicó que la nueva ley afecta al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, ya que, aunque no lo dice explícitamente, lo desaparece, y esto es preocupante porque éste contaba con una mesa directiva compuesta por asociaciones y organizaciones que le permitía tomar las mejores decisiones en cuanto a la formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. También es importante destacar que no especifica si cumplirá con la recomendación de la UNESCO de destinar el 1 por ciento del PIB a la investigación científica, antes del 2018 México sólo destinaba el 0.6 por ciento del presupuesto.

Por su parte, la doctora Marcia Hiriart Urdanivia, Investigadora Titular C del Instituto de Fisiología Celular y académica de la Facultad de Medicina de la Máxima Casa de Estudios, expresó su firme convicción de que la investigación debe ser guiada por la libertad académica; en su visión, la autonomía universitaria es un pilar fundamental que debe ser defendido, ya que si la financiación de la investigación se ve sesgada por intereses ajenos, se corre el riesgo de perder muchas oportunidades.

Por ello, la doctora Hiriart Urdanivia enfatizó la importancia de trabajar arduamente para frenar las leyes que puedan obstaculizar el avance científico y tecnológico en el país, ya que consideró que estas legislaciones podrían representar un retroceso en lugar de un progreso; por lo tanto, resaltó la necesidad de preservar la independencia académica como un medio para fomentar la innovación y el desarrollo científico en beneficio de la sociedad.

La doctora María Brenda Valderrama Blanco, Investigadora Titular B del Instituto de Biotecnología de la UNAM, compartió una preocupación en relación al proceso de toma de decisiones en el ámbito científico en México; según sus palabras, toda la ciencia en el país se verá influenciada por las decisiones tomadas en una junta de gobierno compuesta por la directora del CONAHCYT, 14 secretarios de Estado (que incluye a los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Relaciones Exteriores) y 8 invitados designados a discreción de la directora. Esta configuración plantea un posible error en el proceso, ya que la representatividad y la diversidad de perspectivas podrían verse limitadas.

Del mismo modo, resaltó que se realizan acciones para abordar esta situación y buscar formas de detener posibles sesgos o deficiencias en la toma de decisiones relacionadas con la ciencia en el país. “Hay varias formas en las que podemos participar para que nosotros como ciudadanos podamos ayudar a frenar esta ley: en primer lugar, está el exigir a los partidos de oposición en la Cámara de Diputados y en el Senado, a los gobernadores estatales y a las diversas academias que estaban en el Foro Consultivo que ayuden a frenar esta ley, demándenles por correo electrónico o redes sociales que cumplan su compromiso de meter en tiempo y forma las acciones de inconstitucionalidad”, mencionó.

Fotografías: Carlos Díaz

En su oportunidad, el doctor Fausto Kubli García, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, subrayó la importancia de una política científica con una vocación participativa y procesos deliberativos inclusivos y horizontales.

En su análisis, destacó que dejar exclusivamente en manos del sector público las decisiones sobre política científica implica carecer de una verdadera política en sí misma. Para el ponente, la mejor manera de establecer una política científica adecuada es a través de principios fundamentales como la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la gobernanza democrática.

Vicky Enrimar