La atención a la salud general es un derecho de los ciudadanos, como parte de ella se encuentra la salud mental, sin embargo, a ésta no se le ha reconocido ni se le ha dado la importancia que merece, no sólo por parte de las autoridades, que son quienes realizan las políticas públicas, sino tampoco por parte de la población.
“Hay un gran desconocimiento y desatención sobre los trastornos de salud mental, incluso por las personas afectadas que en la mayoría de las ocasiones tardan en darse cuenta que padecen un trastorno mental. Se han identificado algunos factores y entre ellos se encuentra la indiferencia o la ignorancia, así como los estigmas que se crean alrededor de este tema”, explicó la doctora Asunción Álvarez del Río, profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM.
La situación que se vive actualmente debido a la pandemia ha provocado una confrontación con la tranquilidad, pues han aumentado los trastornos mentales como depresión, ansiedad, ataques de pánico y angustia.
“El confinamiento afecta nuestra vida, pues dejamos de hacer cosas que por rutina realizábamos, además nos genera miedo el enfermar o que nuestros seres queridos lo hagan, o bien, si alguien fallece no poder llevar un duelo adecuado, todo esto nos genera incertidumbre y vivir así cuesta trabajo”, consideró la doctora Álvarez del Río durante la conferencia virtual “Dilemas éticos en salud mental”, transmitida por Facebook de la Facultad y moderada por la doctora Jennifer Hincapie, coordinadora del Programa Institucional “Ética y Bioética FACMED”.
Todo esto lleva a pensar en la atención de los pacientes con trastornos mentales, para lo que existen cuatro principios básicos desde el punto de la Bioética que se deben poner en práctica: la autonomía, es decir, que el paciente dé su consentimiento a ser atendido, de no poder hacerlo, debe haber alguien que la garantice; el segundo, es la dignidad, que es la base de la anterior y tiene el objetivo de que se les respete como persona. Y ello lleva a los otros dos: la confidencialidad y la honestidad, manifestó la doctora Asunción Álvarez.
A su vez, el doctor Nicolás Martínez López, investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” y académico de la Licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad, mencionó que la concepción que se tiene sobre las instituciones de salud mental la mayoría de las veces es errónea, sin embargo, a nivel internacional se realizan prácticas que van en contra de los derechos humanos y, por tanto, es importante plantear soluciones a los dilemas éticos que se tienen.
“Es necesario que se detengan prácticas de coacción, aislamiento e institucionalización de personas con discapacidad psicosocial y, para ello, la práctica en salud mental debe fundamentarse en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, es decir, la práctica médica y los dilemas éticos en salud mental deben basarse en los principios éticos y los derechos humanos”, mencionó el académico.
Diana Karen Puebla
