Cuando comenzó la pandemia, México tuvo que enfrentarse a varios retos para buscar garantizar el derecho a la salud de todos los mexicanos sin importar su condición socioeconómica, teniendo como objetivo resguardar la salud de la población y de los trabajadores de salud, así como evitar la propagación del virus SARS-CoV-2.
A partir del cambio de gobierno, hubo una serie de modificaciones en el sistema de salud mexicano; se fortaleció la rectoría de lo público por la Secretaría de Salud federal, en 2019 se modificó la Ley General de Salud, eliminando el Seguro Popular y se creó el Instituto de Salud para el Bienestar; se articuló la relación con los sistemas de seguridad social y el sector público, y se eliminaron los seguros de gastos médicos privados como prestaciones a servidores públicos, entre otros, indicó la doctora Carolina Tetelboin Henrion, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, en el Seminario Permanente de Salud Pública, transmitido por Facebook Live de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Asimismo, realizó una cronología sobre el proceso seguido por el gobierno federal desde el inicio de la pandemia, como la realización de conferencias diarias sobre la situación epidemiológica y la respuesta institucional, la puesta en marcha de la medida de contención “Jornada Nacional de Sana Distancia” con suspensión de las actividades no esenciales, así como el lema “Quédate en casa”. Se estableció un financiamiento para la obtención de insumos y medicamentos, y se procedió a la reconversión de hospitales públicos, además de establecer un convenio con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales.
“Para atender a la población infectada con COVID-19 fue necesario convertir 117 instalaciones militares en hospitales COVID; se lanzó la red IRAG con 610 hospitales y 11 mil 364 camas; se creó la Unidad Temporal COVID-19 en el Centro Citibanamex con colaboración de la UNAM, y se implementaron hospitales para dar rehabilitación a los afectados por las secuelas como el DIF, INER, INR y CRIT Teletón”, explicó la doctora Carolina Tetelboin.
En términos de recursos humanos, en el sector salud fue necesario aumentar el salario y dar bono a los trabajadores expuestos a COVID-19, seguros médicos, atención a su salud mental y condecoraciones por su labor; los médicos y enfermeros de 60 a 65 años sin enfermedades crónicas tuvieron que ser trasladados a hospitales no COVID para la atención de otros padecimientos, y se contrataron casi 50 mil trabajadores para dar apoyo a esta contingencia.
También hubo articulación de diversas instituciones para realizar estudios sobre la efectividad de medicamentos; el INDRE llegó a ser el primer laboratorio de referencia en México y Latinoamérica en implementar el algoritmo de tamizaje de diagnóstico confirmatorio de COVID-19, y se estableció un acuerdo con Rusia para exportar vacunas, detalló.
Finalmente, la doctora Tetelboin Henrion consideró que lo más importante fue la recuperación de lo público, del Estado rector en salud y prestador de servicios, el establecimiento de la política universal gratuita y pública de atención médica y de medicamentos, y la articulación público-privada sin fines de lucro.
Eric Ramírez
