En México, tan sólo de enero a mayo de 2017, se registraron 5 mil 222 averiguaciones y carpetas de investigación por violación y 7 mil 604 por delitos como abuso sexual, pederastia y hostigamiento, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública; es decir, en menos de seis meses se cometieron 12 mil 826 delitos de carácter sexual en donde ocho de cada 10 víctimas fueron mujeres.

En este contexto, la perspectiva de género como parte de las decisiones judiciales toma relevancia, y en la cuarta sesión del Seminario “Bioética y Ciencia Forense”, organizado por la Licenciatura en Ciencia Forense (LCF) se abordó el tema mediante el análisis de dos casos icónicos: “La manada” en España y “Los porkis” en Veracruz.

En el proceso conocido como “La manada”, cinco hombres obligan a una mujer a entrar en un portal durante la fiesta de San Fermín, en Pamplona. La encierran y terminan imponiéndole una serie de prácticas sexuales. Sin embargo, el tribunal español no considera que se haya cometido una violación, entre otras cosas, porque la víctima no ‘parece’ haber puesto resistencia, narró la maestra Adriana Ortega Ortiz, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“¿De dónde creen que viene la exigencia de resistencia en los delitos sexuales? La violación no es un delito que se preocupe por la integridad de las mujeres, anteriormente era un delito patrimonial, un hombre debía de probarle al otro que su objeto -su mujer- estaba ‘feliz’ con él”, explicó la especialista para ejemplificar la importancia de la perspectiva de género en la interpretación judicial.

Agregó que la violencia en las agresiones sexuales se
descifra con la ley y con el contexto social y cultural, los cuales proporcionan los elementos necesarios para entender que la intimidación es un factor que elimina la posibilidad de resistencia de la víctima ante las circunstancias de indefensión en las que se encuentra.

La maestra Ortega Ortiz enfatizó que “el problema es la subjetividad de la ley; no se ha podido hacer una interpretación consistente con los derechos humanos de las personas”.

En este sentido se pronunció el doctor Carlos Daza Gómez, catedrático de la UNAM y presidente fundador del Instituto Iberoamericano de Derecho Penal, quien destacó la necesidad de “tener autoridades más preparadas y mejorar nuestra legislación para hacerla más clara ante la interpretación subjetiva”.

El especialista reseñó el caso conocido como “Los porkis”, en donde cuatro hombres hacen tocamientos vaginales a una menor de edad dentro de un vehículo, sin embargo, los jueces determinaron que no se cometió violación, pues “aseguran que no actuaron lascivamente ni con intención”.

“En ambos casos se ejemplifica la inaplicación de los tipos penales y de su interpretación y aplicación”, aseguró la doctora Zoraida García Castillo, coordinadora de la LCF, quien reiteró con ambos ejemplos la importancia de realizar un análisis jurídico y un dictamen legal teniendo en consideración la perspectiva de género.

Samedi Aguirre