En 1993, en Ciudad Juárez, comenzó a ser visible una serie de asesinatos de mujeres que habían sido objeto de violencia sexual. También se registraron 4 mil 587 reportes de desapariciones y 263 casos de muertes comprobadas de 1993 al 2003.

“Había un vacío en la contabilidad y estadísticas y no se hablaba de feminicidio sino de desapariciones”, aseguró la doctora Lucía Núñez Robledo, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM (CIEG), quien durante la quinta sesión del Seminario de Bioética y Ciencia Forense, organizado por la Licenciatura en Ciencia Forense (LCF) y el propio CIEG, narró cómo las mediáticamente llamadas “Muertas de Juárez” marcaron un precedente que, tras las denuncias ciudadanas y las recomendaciones internacionales, dieron pie a la creación del “Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio” en la Ciudad de México, y a su tipificación como delito.

La especialista explicó que antes de ello la palabra feminicidio no se conocía, misma que se refiere al asesinato de mujeres por razones de género, pero que además tiene que ver con “la tolerancia social, la impunidad del Estado, y no reconocer una situación particular que viene de las relaciones desiguales de poder”.

Agregó que el Código Penal de la Ciudad de México “deja fuera la responsabilidad del Estado, lo que favorece la impunidad”, la cual definió como “una cuestión estructural del sistema de justicia y del sistema de procuración de ésta”.

“Las razones de género no son individuales, es cuestión de cultura y de cómo nos comportamos en nuestras relaciones entre hombres y mujeres”, precisó la doctora Núñez Robledo, al advertir que de nada sirve un protocolo si no se garantiza y se supervisa su correcta aplicación, para lo que sugiere la capacitación a funcionarios públicos en perspectiva de género y derechos humanos por expertos en la materia.

“Si una sociedad está normalizando estas acciones, entonces la violencia de género la está convirtiendo en violencia estructural, es decir, una violencia que aparecerá constantemente en lo privado y en lo público”, alertó la doctora Jennifer Hincapié Sánchez, académica de la LCF y moderadora de la mesa “Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio: áreas de oportunidad”.

En este sentido, la doctora Ivet Gil Chavarría, académica de la LCF de la Facultad de Medicina, coincidió en que “tenemos que guiarnos de esas personas conocedoras de perspectiva de género para generar un sistema integral en el análisis de feminicidios”.

Añadió que “un tema tan complejo como es el feminicidio debe apoyarse no sólo de métodos científicos sino también legales
y de varios ámbitos porque es un tema que necesita información de diversas áreas”.

La especialista mencionó que no hay una instrucción nacional, una homologación, ni una referencia internacional sobre la aplicación del protocolo en materia de feminicidios, lo cual calificó como una muestra de la desarticulación de la praxis y la academia.

La doctora Gil Chavarría también recordó que la creación de este tipo de instrumentos legales no es suficiente, pues se debe cambiar culturalmente, interiorizar y dejar de emitir patrones que ocasionen y toleren cualquier forma de violencia.

Samedi Aguirre