La violencia familiar incluye actos o conductas de dominio o control psicológico, patrimonial o económico que una persona comete en contra de otra, con la cual esté unida por un vínculo matrimonial, de parentesco, afinidad civil, concubinato, en una relación de pareja, dentro o fuera del domicilio familiar, y donde los más afectados suelen ser mujeres y niños, de acuerdo con el Código Penal Federal.

La contingencia que estamos viviendo, a causa de COVID-19, no ha eliminado esta práctica, pues se ha detectado un incremento. La doctora Ana Pamela Romero Guerra, académica de la Licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó que una de las razones podría ser que las víctimas están confinadas con su agresor, así como la dificultad de accesos a servicios de prevención y denuncia.

“El aislamiento forzoso definitivamente incrementa el riesgo de las mujeres a ser víctimas de violencia, porque están resignadas a estar encerradas con su agresor y hay una reducción de los servicios para prevenir o frenar la violencia. Esto, más la situación de incertidumbre, de mayor nerviosismo al interior de los hogares, puede generar escenarios donde la violencia se desate fácilmente”, mencionó la especialista.

El Estado, ante esta situación, tiene la responsabilidad de prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género, pues así lo señalan los instrumentos internacionales, así como las leyes del país. Por ello, varías fiscalías han puesto a disposición portales por Internet y líneas telefónicas para atender estas denuncias.

“Varias fiscalías han tomado las medidas para ampliar el catálogo de delitos que atienden en línea, es decir, a través de sus portales de Internet. Normalmente las fiscalías, en todo el país, atienden cosas menores o trámites, pero ahora con la contingencia, se han ampliado y uno de los delitos que se puede denunciar de manera remota es la violencia familiar. También varias fiscalías han proporcionado líneas de emergencia para poder denunciar”, explicó la doctora Romero Guerra.

Entre otras opciones, las víctimas pueden llamar a la Red Nacional de Refugios, donde las pueden canalizar al refugio más cercano del estado y ciudad donde se encuentren.

Para que lo anterior funcione de manera adecuada, varias organizaciones no gubernamentales han hecho un llamado al Estado para dotar de recursos a estos refugios, albergues y casas de tránsito, así como mantener horarios claros en los centros de justicia para mujeres de todo el país y que esto aporte a erradicar la violencia contra ellas.

Eric Ramírez