La discapacidad es el resultado de la interacción entre la deficiencia de una persona y las barreras y actitudes de la sociedad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se calcula que el 15 por ciento de la población mundial vive con alguna discapacidad, en América Latina esta condición afecta al 12.5 por ciento de la población.
En México, de acuerdo con el Censo 2020, 6.2 por ciento de la población tiene alguna discapacidad y 10.9 por ciento tiene alguna limitación, ambas condiciones son más frecuentes en personas mayores de 60 años. Hasta un 47.6 por ciento de las personas con discapacidad tiene dificultad para caminar, subir o bajar, y el 43.5 por ciento no puede ver aunque use lentes. Las causas más frecuentes de discapacidad son las enfermedades y la edad avanzada.
“Los instrumentos internacionales y regionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad constituyen herramientas valiosas para promover el reconocimiento, respeto y acceso efectivo, al goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”, explicó la doctora Mercedes Juan López, exSecretaria de Salud federal, quien destacó que esta Convención fue preámbulo para la publicación de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el 2011 y la creación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con Discapacidad (CONADIS).
Asimismo, explicó que un tema poco tratado es la capacidad jurídica y la autonomía de las personas con discapacidad. Para asegurar el derecho a la justicia de este sector en México se cuenta con la Reforma Constitucional de 2011, el Código Nacional de Procedimientos Penales de 2014 y el Protocolo de Actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En la conferencia magistral moderada por la doctora Laura Peñaloza Ochoa, Coordinadora de la Licenciatura en Fisioterapia de la Facultad de Medicina de la UNAM, la doctora Juan López mencionó que en el 2014 la ONU emitió a México algunas recomendaciones para el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual, entre ellas destacan favorecer la educación de calidad y promover programas de empleo, así como armonizar la legislación en materia de discapacidad. México respondió a estos compromisos reformando y haciendo nuevas disposiciones en la Ley General de Población, la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, entre otros.
En la 6a Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2021, la doctora Mercedes Juan resaltó que la OPS emitió un documento con datos, informes y consideraciones relativas a las personas con discapacidad frente a la COVID-19, ya que debido a su condición pueden correr un riesgo mayor por tener obstáculos que limiten su acceso a la información, a la atención médica o a cumplir con el distanciamiento social y las medidas de higiene. Estas recomendaciones están orientadas hacia las familias, los gobiernos y el personal de salud y buscan proteger la salud de las personas con discapacidad, respetar sus derechos y asegurarles atención accesible, asequible e incluyente.
Ricardo Ambrosio
