Con el objetivo de establecer un espacio de reflexión para investigadores, docentes y estudiantes de diferentes profesiones, la Licenciatura en Ciencia Forense (LCF) de la Facultad de Medicina de la UNAM realizó el Tercer Seminario sobre Violencia, Justicia Transicional y Cultura de Paz, cuyo eje temático de este año fue la tortura.

“Este es un proyecto a cargo de la doctora Anahy Rodríguez González, académica de la LCF, quien estudió Psicología y Derecho, por lo que tiene una formación multidisciplinaria que viene muy bien para el análisis de este tipo de temas, que intersectan entre lo social y lo científico para analizar temas de paz, justicia y sobre todo de resarcimiento del tejido social”, explicó la doctora Zoraida García Castillo, Coordinadora de la LCF.

En el Seminario, transmitido del 13 al 15 de junio por Facebook Live (https://bit.ly/3MPahdI), la maestra Valeria Moscoso Urzúa, Coordinadora de la Red Nacional de Peritos y Expertos Independientes Contra la Tortura, habló sobre “Continuidad de los Dispositivos de Tortura en México, ¿es posible hablar de Justicia Transicional?”, donde explicó que la tortura como práctica ha existido desde los inicios de la historia, aunque no se consideraba como lo es hoy en día.

“La tortura ha sido tradicionalmente asociada al ámbito jurídico, presentándose desde sus inicios como un instrumento propio y necesario en la práctica judicial. A lo largo de los siglos, esta noción se ha ido alimentando y redefiniendo desde diversos ámbitos, pero siempre bajo la justificación de ésta como una herramienta legítima para sancionar delitos, obtener información, forzar acciones o procesos, y ha sido el instrumento por excelencia de los sectores en el poder para controlar, presionar y castigar a los menos privilegiados”, señaló la especialista.

Ante esto, indicó que es importante entender que la tortura no está reducida a un mecanismo, una acción o un momento, sino que integra muchos otros elementos, hechos, espacios y actores que generalmente tienden a considerarse de manera separada, cuando en realidad es todo un sistema en el que están involucradas acciones que pueden ser psicológicas, sexuales o físicas.

Asimismo, agregó que actualmente en México sigue sin existir un registro real y oficial de cifras de tortura, y además muchos casos no son denunciados por el temor, por amenazas, por la coacción que se ejerce a las víctimas, e incluso hay una fuerte negación por parte del Estado de reconocer la problemática.

“Si bien, en los últimos años y gracias a la incansable labor y presión de las organizaciones de la sociedad civil, de las propias víctimas y de movimientos sociales, México ha dado pasos importantes en la lucha contra la tortura, construyendo diversas normativas, mecanismos y protocolos, entre otros. Lo cierto es que el país continúa estando inmerso en una compleja dinámica de violencia, impunidad y corrupción, esto aunado a una nula capacidad administrativa y operativa por parte de las instituciones encargadas de dar respuesta y una falta de voluntad política por parte de las autoridades”, concluyó la maestra  Moscoso Urzúa.

“Estándares Internacionales y retos en la documentación de la tortura” fue el tema expuesto por la maestra Vida Gómez Asturias, Coordinadora del Proyecto Personas Desaparecidas y Tortura de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito en El Salvador, quien mencionó que el estatus jurídico de la tortura se ha convertido en una norma imperativa de derecho internacional que señala que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y dicha prohibición es absoluta e inderogable.

Para una mayor comprensión de esto, señaló que como primer paso es importante identificar la tortura en todos los ámbitos, ya que específicamente la población presenta dificultades para reconocerla, pues aún hay muchos mitos en torno a por qué la tortura se da o si funciona para la realización de la justicia, ya que “desde profesiones como Forense o Derecho tenemos una comprensión de que esta práctica no funciona y está prohibida, pero además tiene consecuencias negativas para la realización de la justicia, la integridad de la persona y la coerción de nuestras sociedades”.

Por otra parte, expresó que un segundo paso es que hay que investigar y documentar la tortura, donde los órganos que indagan deben regirse por la imparcialidad, independencia, prontitud, minuciosidad y competencia para construir un contexto y conocer las situaciones a las cuales enfocarse. Asimismo, señaló un documento valioso, el “Protocolo de Estambul”, el cual contiene orientaciones internacionales para la valoración de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, así como para la investigación.

Como tercer paso, la maestra Gómez Asturias apuntó la necesidad de prevenir e investigar teniendo en cuenta situaciones de riesgo y a la población en condición de vulnerabilidad, “por ejemplo, las niñas y los niños sujetos a alguna forma de institucionalización, personas con discapacidad, adultos mayores o personas involucradas en la violencia sexual”.

En su oportunidad, el maestro Luis Bolívar Realpe Aviña, del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), habló del “Uso de los Protocolos de Estambul y Minnesota en el delito de la tortura”, donde mencionó que conforme a la legislación nacional de México es imprescriptible este acto, es decir, si tienen conocimiento de que alguien ha sido víctima de tortura, pueden denunciarlo en cualquier momento.

Como una alternativa para mejorar las denuncias de este tipo de delitos, indicó que “el IFDP, a través de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, realizó una cédula de atención de entrevistas a las personas que son detenidas, para establecer si son víctimas de tortura. Esto porque muchas veces las personas no refieren nada en relación a la tortura porque son amenazadas psicológica y físicamente”.

Por otro lado, explicó que el Protocolo de Minnesota es el que va a proteger el derecho fundamental y de mayor jerarquía que es la vida, es decir, si una persona es custodiada por alguna corporación policial, le van a garantizar que su proceso pueda continuar sin que haya una muerte potencialmente ilícita.

“Hay mucho que hacer respecto al Protocolo de Minnesota. México tiene un alto índice de desapariciones forzadas y no hay acciones reguladas para establecer la aplicación de este protocolo, el cual ayudaría muchísimo para que esto deje de ocurrir”, concluyó el maestro Realpe Aviña.

Karen Hernández