Los jueces tienen que analizar y leer los hechos sin caer en estereotipos.
Los grupos vulnerables, como las mujeres, son propensos a no recibir la atención adecuada cuando solicitan algún servicio médico o denuncian una agresión. Por ello, “la equidad debe ser efectiva en decisiones judiciales ante casos médicos en los que se pueda poner en riesgo la vida de las pacientes”, consideró la doctora Zoraida García Castillo, coordinadora de la Licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina, al presentar “Casos judiciales: entre el género y la salud”.
A través de diversos casos locales e internacionales, explicó situaciones de negligencias médicas, en que las mujeres fueron discriminadas al denunciar. “Con la aplicación de la perspectiva de género en el ámbito judicial, se busca cuidar los principios de dignidad y no segregación. Resolver con perspectiva de género es hacer realidad el derecho a la igualdad y posibilitar que las mujeres ejerzan su proyecto de vida y su libertad individual”, afirmó.
Por ello, el Poder Judicial de la Federación decidió emitir un protocolo de género en el que los profesionales del área colaboren para determinar si hay algún impacto diferenciador de las leyes dependiendo del sexo y evitar los roles estereotipados en personas homosexuales, indígenas y marginados sociales.
“Lo que se sugiere es identificar categorías sospechosas y si existe cierto tipo de vulnerabilidad. Por ejemplo, una joven, en una condición de violencia, indígena, marginada socialmente, pobre y con alguna discapacidad psicosocial, prende los focos rojos para saber que estamos ante una situación jurídica desigual que deba resolverse”, explicó la doctora García Castillo, en el Seminario de Género y Salud, organizado por el Departamento de Salud Pública.
Asimismo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar todo tipo de Violencia contra la Mujer señala el derecho al reconocimiento, voz y ejercicio de todos los derechos humanos, así como los civiles, económicos, políticos, sociales y culturales.
Al final de la exposición, se abrió una discusión en torno a la capacidad de las autoridades para hacer cumplir que se ejerzan estos derechos, así como reflexiones interdisciplinarias sobre los casos presentados. La mayoría concordó en que si una mujer es violentada, debe haber leyes sólidas que reparen el daño y establezcan antecedentes para que esto no se repita.
