La pandemia, a causa de la COVID-19, además de una crisis sanitaria, ha traído consigo una reflexión sobre los problemas estructurales que enfrentan diversos países y su capacidad para hacerles frente. Entre ellos destaca la desigualdad social y la vulnerabilidad de poblaciones marginadas.

Con el objetivo de señalar las carencias de la población y mostrar cómo afectan en esta época de crisis sanitaria, la doctora Luciana Ramos Lira, investigadora en el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, ofreció la conferencia “Violencia estructural, desigualdad y COVID-19”, como parte del Seminario Permanente de Salud Pública, transmitido a través de Facebook Live de la Facultad de Medicina de la UNAM.

“Las carencias en diferentes aspectos del desarrollo humano hacen vulnerables a los miembros de la población, en términos socioeconómicos o psicosociales, y por ello tendrán mayor dificultad para sobrellevar esta crisis sanitaria aun sin estar contagiados. Por otro lado, la baja accesibilidad a la infraestructura de salud, particularmente la más especializada, así como su calidad, exacerba esta situación debido a la imposibilidad de alcanzar atención médica”, advirtió la especialista.

Asimismo, el “Índice de vulnerabilidad ante la COVID-19 en México” mostró cómo la mayor fragilidad social ante los efectos de la epidemia se concentra en los municipios más marginados, con factores como mayor precariedad en la vivienda, mayor proporción de población indígena, menor cantidad de bienes en el hogar, mayores tasas de hacinamiento, deficiencias en la infraestructura de salud, actividades económicas mayormente informales y menor producción económica global.

“Las pandemias suelen afectar desproporcionadamente a poblaciones previamente vulnerables por situaciones como la pobreza, la discriminación y la opresión institucionalizada”, indicó la doctora Ramos Lira.

En tanto, señaló que la violencia estructural hace referencia al deterioro de la vida humana que reduce el grado en que personas o grupos pueden satisfacer sus necesidades básicas, tales como: seguridad, bienestar, identidad y libertad. Todas estas carencias pueden ser evitadas con políticas públicas y un cambio en la dinámica social. En ese sentido, quienes se encuentran en estas condiciones tienen dificultades para ejercer su agencia.

“Lo anterior hace referencia a procesos de desigualdad, estratificación social y exclusión de los recursos necesarios para cubrir las necesidades mencionadas, en razón de la existencia de un conflicto entre dos o más grupos de una sociedad (normalmente caracterizados en términos de género, etnia, clase, nacionalidad, edad u otros), en donde el reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos es resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en perjuicio de las demás”, concluyó la doctora Ramos Lira.

Eric Ramírez