La segunda sesión del Seminario de Bioética, Ciencia Forense y Género “Pandemia COVID-19, Género y Violencia” fue dedicada a los grupos de atención prioritarios, integrados por mujeres, niños, adolescentes, personas mayores, con discapacidad, de la diversidad sexual, migrantes, gente en situación de calle, indígenas, minorías, etcétera, los cuales son visibilizados por la Constitución local que mandata la garantía de su atención preferente para que gocen de sus derechos, se eliminen progresivamente las barreras y alcancen la inclusión efectiva social.

La actividad, transmitida por Facebook Live de la Licenciatura en Ciencia Forense, fue moderada por el maestro Francisco Javier Galicia Campos, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y reunió a expertas para discutir sobre “Violencia durante la pandemia en grupos vulnerados o en situación de vulnerabilidad”.

En su intervención, la doctora Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, resaltó que “la emergencia sanitaria puso en evidencia cómo algunas condiciones de contexto y características individuales o de grupo propician mayor exposición al riesgo de sufrir violencia o los impactos agravados de la pandemia”. Por ejemplo, si dentro de los hogares existen personas con ocupaciones informales que buscan su sustento diariamente, se observa una condición adicional de riesgo al coronavirus, apuntó.

Asimismo, informó que, durante el confinamiento, las principales quejas que ha recibido la Comisión han estado relacionadas con situaciones de discriminación para la reinserción social, el acoso laboral, la violencia laboral, la violencia familiar y los programas sociales.

Por su parte, la maestra Geraldina González de la Vega Hernández, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, afirmó que la precarización laboral y la brecha de desigualdad ya estaban presentes cuando inició la pandemia.

Ante la situación, propuso que haya un nuevo enfoque basado en la atención prioritaria del acceso a los derechos humanos de los grupos vulnerables, y advirtió que “la discriminación, la violencia o la falta de un enfoque interseccional lleva a la ausencia de garantía de los derechos de esta población. La visibilidad de la desigualdad nos obliga a la reconstrucción social con perspectiva de inclusión”.

A su vez, la ingeniera Sandra Muñoz, directora de Operaciones de la Asociación Mexicana Contra Delitos Cibernéticos, lamentó que no se cuente con cifras de delitos contra las mujeres como, por ejemplo, la sextorsión (delito de difusión no consensuada de contenidos íntimos), lo que habla de la falta de interés por parte de las autoridades.

Del mismo modo, mencionó que esta Asociación realizó una encuesta en el Estado de México, cuyos resultados mostraron que la mayoría de las mujeres víctimas de delitos cibernéticos tienen entre 27 y 59 años de edad; Texcoco y Toluca concentraron el mayor número de casos de violencia digital, y en 10 cuentas pornográficas de Twitter se contaron un total de 23 mil seguidores.

Eric Ramírez