“La primera violación en materia de derechos humanos que se da en este país es en el sector salud, y es en las prisiones donde vemos las máximas violaciones de éstos. Por si fuera poco, cada vez más gente está ingresando a las cárceles, ya sea por la pobreza o por la violencia que estamos viviendo en México”, aseguró la licenciada María Olga Noriega Sáenz, consejera consultiva de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De acuerdo con la abogada, con más de 25 años de experiencia en estos casos, las condiciones de hacinamiento, la corrupción y el poco interés que se tiene en la población penitenciaria, derivan en grandes problemas sanitarios.

“Debería haber un área en donde los reclusos estén en condición de prisión preventiva y otra para los sentenciados, pero en nuestro país no existe la clasificación, sí existe en la ley y es un derecho la separación de éstos, pero en la realidad no pasa por la sobrepoblación de más del 50 por ciento que tenemos”, explicó.

“Los procesados, entonces, tienen que convivir día a día con personas que llevan o se van a quedar en prisión 10, 20 o 30 años. Una persona que se robó un peluche de una tienda convive con un homicida serial. ¿Cómo podemos garantizar su salud psicológica y el resguardo de su integridad física y psíquica?”, cuestionó al manifestar que el 85 por ciento de las personas privadas de su libertad lo están por delitos menores a 5 mil pesos; es decir, que se trata de gente vulnerable, indígenas y personas en condiciones de pobreza que no tienen para pagar una fianza.

En algunos de los reclusorios, narró, tienen que dormir amarrados del techo para no caerse. “Les dicen las caballerizas, porque en una celda que está diseñada para 10 personas tienen que dormir 30 ó 40”. Los alimentos son escasos, están en mal estado y muchas veces no hay ni siquiera platos. “Es un gran negocio para los directores de los centros de reclusión comprar un camión de carne que está a punto de echarse a perder y embolsarse el dinero”, denunció.

Además de las enfermedades ocasionadas por esta forma precaria de vida, en las cárceles existe gran prevalencia de hepatitis C y virus de la inmunodeficiencia humana. “Esas personas tienen visita íntima, contacto con sus familiares, amigos y personal del centro que no está recluida, que posteriormente llegan a su comunidad y pueden contagiar a otros”, apuntó la licenciada Noriega Sáenz al mencionar que no sólo se trata de un problema de internos.

Por ello resaltó la importancia de realizar programas preventivos y de control de las enfermedades en los reclusorios, porque la salud no debe ser vista como “una pena accesoria a la libertad, sino como un derecho de todos”.

Mariana Montiel