Con el objetivo de crear un instrumento de apoyo para los órganos jurisdiccionales en la valoración de las distintas pruebas periciales, la Licenciatura en Ciencia Forense (LCF) de la Facultad de Medicina de la UNAM, en colaboración con el Consejo de la Judicatura Federal, el Poder Judicial de la CDMX, la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República (FGR), la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, así como la Embajada de los Estados Unidos en México, elaboró las Guías para la Valoración Judicial de la Prueba Pericial, un proyecto científico que busca impactar en la procuración y administración de la justicia.
Durante la presentación de la publicación en el auditorio de la Embajada de los Estados Unidos en México, el pasado 29 de abril, la doctora Irene Durante Montiel, Secretaria General de la Facultad de Medicina, en representación del doctor Germán Fajardo Dolci, destacó que estas Guías son el resultado del trabajo intersectorial, interinstitucional e internacional: “La academia no tiene sentido si no sirve a la sociedad, y este trabajo tiene particularidades muy importantes: se trabajó con las diversas áreas de servicio en México, así como de diferentes disciplinas. Es un trabajo multiprofesional, donde hay abogados, químicos, entre más profesionistas”, señaló.
El Embajador de los Estados Unidos en México, Kenneth Lee Salazar, consideró que el proyecto fue “resultado de socios mexicanos-estadounidenses que trabajaron para la justicia en las cortes y fiscalías”, y destacó el compromiso que hay por parte de su país con el gobierno mexicano, donde “trabajarán de una manera diferente del pasado, respetando totalmente la soberanía de México”.
Por su parte, la doctora Stephanie Syptak-Ramnath, Jefa de Misión Adjunta de la Embajada de los Estados Unidos, expresó que las Guías permitirán generar procesos en los que la aplicación de la justicia no se vea limitada por falta de conocimiento técnico.
Del mismo modo, indicó que el fortalecimiento de la seguridad y el estado de derecho en ambas naciones es una prioridad, por lo que “uno de los principales beneficios de estas Guías es que prometen la posibilidad de brindar justicia a las víctimas de homicidios, tráfico de armas, entre otros casos, y que las familias en ambos lados de la frontera puedan vivir en comunidades más seguras, ya que muchos de sus casos dependen de la utilización de la prueba pericial como mecanismo para esclarecer los hechos y su correcta valoración”.
El magistrado Alejandro Sergio González Bernabé, Consejero de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, indicó que este primer volumen de las cuatro guías que realizaron, versa sobre las pruebas en Genética, Toxicología, Lofoscopía y Análisis de voz, bajo una visión transversal e interinstitucional. Cada materia está dividida metodológicamente en rubros denominados subguías, que son: criterios generales, pertenencia pericial de la prueba, etapa de recolección, etapa de análisis y etapa de presentación de los resultados.
Asimismo, destacó que “se busca consolidar un sistema de justicia penal adversarial, objetivo, científico y justo, alejado de todas aquellas deficiencias que mantuvo por muchos años el sistema penal inquisitivo en México. Es necesario que todas y todos los operadores del sistema trabajen de forma continua”. En ese sentido, exhortó a que estas Guías se aprovechen de manera óptima, técnica y científica para el ejercicio de la actividad jurisdiccional de acuerdo al rol que a cada uno corresponde.
En su oportunidad, el doctor Rafael Guerra Álvarez, Magistrado Presidente del Poder Judicial de la CDMX, apuntó que “las Guías otorgan a las personas juzgadoras conocimiento puntual y suficiente para resolver en el momento el principio de mediación y valoración de las pruebas. Constituyen un documento esencial en la comprensión de los dictámenes científicos y técnicos a las que pueden enfrentarse, concretamente en las periciales en materia de Genética, Toxicología, Lofoscopía y Análisis de voz”.
Por su parte, el maestro Carlos Antonio Alpízar Salazar, Secretario General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, comentó que esta publicación es el primer documento de su índole en Latinoamérica. Además, “se da cuenta del esfuerzo interinstitucional, ya que fue elaborado en el complejo contexto que impuso la COVID-19, lo cual implicó redoblar esfuerzos y valerse del uso intensivo de las herramientas tecnológicas de videoconferencias, e incluso la generación de una plataforma en línea para recabar opiniones y comentarios, lo cual fue un reto muy grande”.
“Considero a estas Guías un éxito de gente que está comprometida. Participaron los servicios periciales locales de las 32 entidades federativas, porque no nos interesa únicamente un tipo de delito, nos importa todo, para bien de la sociedad y de la justicia”, dijo David Zepeda Jones, encargado del Despacho de la Coordinación General de Servicios Periciales.
El evento continuó con la mesa redonda “Génesis del proyecto y metodología de la elaboración de las Guías para la Valoración Judicial de la Prueba Pericial (Genética, Toxicología, Lofoscopía y Análisis de voz)”, moderado por la doctora Zoraida García Castillo, Coordinadora de la LCF, y el doctor Héctor Manuel Guzmán Ruiz, Secretario Técnico de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Poder Judicial de la Federación.
Los bloques se integraron por preguntas detonadoras, la identificación de los beneficios de las Guías para atender los aspectos de mejora que pueden propiciar, y el proceso de elaboración del primer volumen.
Las ponentes fueron la doctora María Elena Bravo Gómez, Jefa de la Unidad de Investigación de la LCF; Lilia Mónica López Benítez, Magistrada del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación; y la doctora Mavil López Casamichana, Directora General de Laboratorios Criminalísticos de la Coordinación General de Servicios Periciales de la FGR.
También estuvieron el maestro Miguel Óscar Aguilar Ruiz, Director de Operaciones del Programa Internacional para la Capacitación en la Investigación Criminal-México, y Paul Martín Barba, Magistrado de la Sala Especializada en Materia de Ejecución de Sanciones Penales del Poder Judicial de la CDMX.
“Este trabajo, que sale de la técnica y de la ciencia desde la Universidad, no tendría el impacto que esperamos si no fuera por el apoyo de todas las instituciones que están aquí reunidas. Lo que sigue, es la capacitación y la difusión de este trabajo”, concluyó la doctora García Castillo.
Karen Hernández