Con el objetivo de propiciar un espacio de reflexión y diálogo del delito de tortura y, con ello, generar un debate académico y científico sobre el papel de los expertos en ciencias forenses como coadyuvantes en la aplicación de las directrices jurisprudenciales en la materia, en búsqueda de la reflexión y diálogo sobre la toma de decisiones de los órganos jurisdiccionales en casos de tortura, la Licenciatura en Ciencia Forense (LCF) y la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Consejo de la Judicatura Federal organizaron el Conversatorio “Análisis desde la Ciencia Forense de la jurisprudencia en materia de tortura. Avances y desafíos”.
En el evento, moderado por la doctora Anahy Rodríguez González, Académica de la LCF, los ponentes coincidieron en que ha habido aportes e innovación en el área, entre ellos el Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, también conocido como Protocolo de Estambul.
“Este protocolo incluye todas las formas de afectaciones sexuales que puedan provocar en una persona y, por supuesto, no deja de lado todo lo que implica la preservación de los derechos humanos y elementos básicos desde la perspectiva de género. Esto último debe trabajarse de manera muy objetiva y con los elementos necesarios”, explicó la doctora Rocío Estela López Orozco, Subdirectora de Evaluación Psicológica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Al hablar sobre los retos en temas de violencia sexual, la maestra Layla Gabriela Almaraz Olivares, Defensora Pública Federal, advirtió la importancia de que los jueces protejan a las víctimas de estos delitos y de la revictimización. “Uno de los retos que tienen son los muchos elementos a considerar al mismo tiempo, y los perpetradores de la tortura lo saben. Particularidades como la raza, el color y la pertenencia a un grupo étnico, todo es tomado en cuenta para infringir sufrimiento y es algo que no se le puede escapar al juez”, enfatizó.
A su vez, la maestra Araceli Olivos Portugal, Coordinadora de Proyectos en el Instituto de Justicia Procesal Penal, hizo énfasis en que el testimonio de las víctimas de tortura es clave como prueba del delito e invitó a las autoridades a que no vean las inconsistencias del relato como algo negativo, pues los perjudicados vivieron un hecho sumamente traumático que no les permite recordar con exactitud cada detalle.
“La tortura debe considerarse como el delito más grave. No pido erradicarla porque se me hace una utopía, pero es la utopía que nos mantiene de pie a muchos de nosotros. Para manejar la tortura es importante tener conocimiento de lo que es, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. En segundo lugar, debemos trabajar juntos médicos, psicólogos y abogados para darles mejores alternativas de solución a los afectados”, concluyó el maestro Jorge De la Peña Martínez, Consultor de la ONU en Materia de Derechos Humanos y Salud Mental.
Eric Ramírez
